¿Quién paga la cuenta cuando cierra una termoeléctrica?

La fecha de cierre de una termoeléctrica suele llegar a la prensa como una buena noticia, con toneladas de CO₂ evitadas y una foto del último turno. Lo que no aparece en esa foto son los contratistas, los transportistas y los almacenes que vivieron décadas alrededor de la planta. Para ellos, el cierre no es un hito: es el comienzo de una incertidumbre larga.

En las tres comunas revisadas, buena parte del empleo directo se reubicó en otras faenas de la misma empresa. El golpe vino por otro lado.

El empleo indirecto —transporte, alimentación, mantención, arriendos— fue el que más tardó en recuperarse. En una de las comunas, el comercio local demoró cuatro años en volver a sus niveles previos. No hubo despidos masivos que llegaran a los titulares, sino un goteo silencioso de negocios que cerraron sin que nadie los contara como parte de la transición.

Tampoco los municipios salieron ilesos. Parte de su presupuesto dependía de patentes e impuestos asociados a la central, y esa caja no se reemplaza con un anuncio. Cuando el ingreso cae, lo primero en resentirse son los servicios que la comunidad usa todos los días: salud primaria, mantención de calles y programas sociales.

La diferencia entre los casos no estuvo en el tamaño de las compensaciones, sino en el momento en que empezó la conversación. Donde una mesa local se armó con dos años de anticipación —con sindicatos, municipio, empresa y gobierno regional— hubo tiempo para reconvertir proveedores y capacitar. Donde el cierre se conoció con meses de aviso, solo quedó administrar la caída.

La salida del carbón es una decisión correcta y urgente. Justamente por eso conviene no repetir errores ya documentados. Si sabemos que la planificación temprana cambia los resultados, ¿por qué los cronogramas de cierre siguen publicándose antes que los planes de transición para los territorios?